Dice el ministro Gallardón que hay una «violencia de género estructural» que desincentiva a muchas mujeres a ejercer uno de sus derechos fundamentales, la maternidad. Para empezar, el aborto es un derecho, de no menor importancia que la procreación. No habla don Alberto de la violencia, también bastante estructural, que practican día sí y día también los autodenominados «defensores del derecho a la vida» (de los que no han nacido, se entiende: a los ya paridos, que les jodan, que son todos unos pecadores) contra quienes, repito, ejercen un derecho. Y haría bien Gallardón en preguntar a esos empleadores que hacen que algunas mujeres teman perder su empleo por quedarse embarazadas a qué partido votan. Escuchando las opiniones de ciertos seres que se las dan de democristianos (y no es precisamente Gallardón el peor de ellos) acerca de embarazos, homosexualidad o derecho a una muerte digna, uno piensa que, a veces, el aborto tendría que ser obligatorio.
Fernando Roig, dueño de Mercadona y empresario tan próspero como locuaz, ha declarado que en España tendríamos que imitar la cultura del esfuerzo de los negocios chinos. No dice que tendríamos que imitar la fiscalidad y los derechos sociales de los países de la Europa del norte, lo cual le delata, a él y a los muchos instigadores y aplaudidores de las políticas de estrangulamiento de la economía y proletarización de las clases medias que se vienen practicando desde que estalló la famosa burbuja. Que en España se trabaja poco y mal no es algo que Roig me tenga que explicar. Quizá parte del problema sea que tenemos una clase empresarial de mierda.