El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, compareció ayer ante los medios para decir que ha ordenado la investigación de cualquier conducta susceptible de constituir ilícito penal por parte de los gestores que han llevado al sector financiero español al caótico momento actual. A buenas horas, pensamos muchos, aunque daríamos por muy bienvenida la noticia de no ser por dos pequeños detalles: que el anuncio deja en mal lugar a la Fiscalía Anticorrupción, que se supone que ya está para esas cosas sin que el jefe de los fiscales tenga que recordárselo públicamente, y porque la acreditada connivencia entre banqueros y Gobierno induce a pensar que tal vez todo sea una estratagema para tener contenta a la gente, haciéndole ver que se investiga, para que luego todo quede en nada o casi nada. Rapiña ha habido muchísima; comportamientos delictivos, los que se quieran. Particulares, medios informativos y trabajadores del sector bancario tienen pruebas de todo ello. Se trata de hacerlas públicas, difundirlas en prensa e internet y, por si acaso, también hacérselas llegar a la Fiscalía. Además de poner el grito en el cielo contra los ladrones con corbatas de seda, cada cual debe hacer lo que se pueda para que den con sus huesos en la cárcel y devuelvan lo robado.
