No pasa una semana sin que España dé unos cuantos pasos más hacia el abismo. Por si no fueran suficientes las nefastas e ilegales medidas adoptadas por el Gobierno la semana pasada, y que han provocado un malestar en la ciudadanía que las manifestaciones en las que muchos participamos el jueves reflejan sólo en parte, ayer llega la Comunidad Valenciana, máximo exponente de los desastres que han llevado a España a la penosa situación actual, y anuncia que necesita un rescate para hacer frente a sus pagos pendientes, constituyéndose, como no podía ser de otra forma, en la punta de lanza de la hecatombe. El que presta el dinero es el gobierno español, que tiene cerrado su propio acceso a los mercados, con una prima de riesgo que casi duplica la que se encontró Rajoy cuando llegó a la Moncloa; esto viene a ser como si una persona insolvente va a comprarse una casa, y para ello recibe el aval de otra a la que están a punto de embargarle su propia vivienda por impago. Pronto, otras comunidades autónomas, entre las que muy posiblemente estará Catalunya, se unirán a la valenciana en su desesperada huida hacia adelante para no reconocer que están en quiebra técnica y seguir esperando un milagro que las horripilantes reformas aprobadas imposibilitan por completo. El futuro es la intervención total de España, sin que sea descartable en absoluto una salida del euro que, a corto plazo, puede traer un caos, al que está abocada Grecia, no visto por aquí desde los días del 23-F, pues el país se quedaría de un día para otro en la ruina absoluta y abandonado a su suerte, sin posibilidad de hacer frente a sus obligaciones financieras (nóminas, pensiones, etc.). El panorama a día de hoy es crítico. ¿Qué hacer? Por lo pronto, destituir al Gobierno español y nombrar otro formado por personas independientes y de prestigio (que algunas todavía nos quedan), iniciar un proceso constituyente después del cual tendrán que adoptarse medidas como el cambio en la forma de Estado, la supresión de las comunidades autónomas no históricas, así como de todos los privilegios de la clase política y de las distintas confesiones religiosas, la negociación de una quita en la deuda nacional no inferior al 50%, un impuesto semiconfiscatorio sobre las grandes fortunas (50% de aportación de quienes tengan un patrimonio superior al millón de euros, y tributación no inferior al 60% para quienes ganen más de 100.00o euros anuales), una disminución, controlada pero efectiva, de las importaciones, en especial las relativas a productos de países de fuera de la UE, una profunda revisión de la política fiscal y tributaria, a todos los niveles, especialmente en materia de inspección, para hacerla realmente progresiva y equitativa, la completa nacionalización de toda la banca intervenida, sin posibilidad de posteriores reprivatizaciones, la revisión integral de la política energética y medioambiental para reducir la dependencia del petróleo y potenciar el liderazgo español en renovables, reforma educativa en la línea de las políticas aplicadas en los países europeos más avanzados, reforma profunda del sistema judicial, decuplicación de la inversión estatal en ciencia, investigación y desarrollo, abolición de la obligatoriedad del límite de endeudamiento, vuelta a una sanidad pública avanzada y de calidad, y un largo etcétera. Después de siglos de atraso, guerras civiles, caciquismo, fascismo o falsa democracia representativa, sólo quedan dos salidas: convertirnos de una vez en un país viable y europeo, o abandonar toda esperanza de futuro y volver a las peores épocas de explotación, emigración y miseria. Y el tiempo se agota…
