Hace unas semanas hablé del manifiesto Somos mayoría, de Julio Anguita, en el que se promueve la creación de un Frente Cívico, que empieza lentamente a tomar forma, para poner fin al caos actual. Publico a continuación las reflexiones que dicho texto me ha sugerido:
«REFLEXIONES SOBRE EL MANIFIESTO SOMOS MAYORÍA, DE JULIO ANGUITA.
Muchos creemos que España está tocando fondo, y que desde las altas instancias del país se está haciendo todo lo necesario para que la situación no deje de empeorar. Hay que tomar posición, y Julio Anguita lo ha hecho, siendo coherente con su ideología política pero al mismo tiempo dirigiéndose a una mayoría de sus conciudadanos (los cuales pueden perfectamente no compartirla), víctimas de una crisis que, por mucho que se diga, no han creado ellos. Por tanto, el manifiesto se sitúa más allá de ideologías, posiciones políticas y demás clasificaciones que separan a los individuos, y así entiendo que deben estar enfocadas las acciones concretas que tomen este texto como punto de partida: abiertas a todo el que comparta el mensaje y quiera aportar sus ideas y su trabajo, sin exclusiones y buscando siempre los puntos de acuerdo con las personas perjudicadas por la crisis, así como con los colectivos u organizaciones de los que ellas formen parte. Como su propio nombre indica, el manifiesto no nace con ambiciones minoritarias, y de acuerdo a este principio debe actuarse para llevarlo a la práctica. Desde la minoría, hacia la mayoría.
Ante la evidencia de que todas las injustas medidas que se están adoptando para acabar con la crisis están produciendo el efecto contrario y llevan camino de arrastrar a España a una depresión económica de consecuencias nefastas, y ante el progresivo empobrecimiento de la población, la aniquilación del antes llamado Estado del Bienestar, la proletarización de las clases medias, el creciente parón productivo y de consumo, y la absoluta incapacidad de las clases dirigentes para poner en práctica medidas que como mínimo alivien la situación, hay que tener en cuenta varias cuestiones:
1- En efecto, la deuda nacional es impagable, y constituye una seria amenaza para el futuro del país. Por tanto, se ha de exigir a los poderes públicos la adopción de una serie de medidas (muchas de las cuales se incluyen en la sección final del manifiesto de Julio Anguita) que ayuden a asegurar ese futuro, como por ejemplo:
– la urgente negociación de una quita, que en ningún caso habría de ser inferior al 50%.
– que la banca ahora nacionalizada no se reprivatice y conserve el status de banca pública.
– la supresión de la reforma constitucional que sacraliza el control del gasto y prima el pago de la deuda sobre el gasto social.
– la derogación de la reforma laboral, así como de los recortes a los empleados públicos que no formen parte del grupo A1.
– la creación de un tipo máximo de IVA del 35% para artículos de lujo, cuyo importe habrá de ser destinado a fomentar medidas para la creación de empleo juvenil, así como la reducción de los tipos básico y reducido al 16% y al 8%, respectivamente, haciendo que todos los artículos y bienes de consumo cuyo tipo impositivo haya sido modificado vuelvan al que originalmente tenían.
– la supresión inmediata de la congelación de las pensiones, así como su actualización obligatoria y retroactiva.
– la obligación de que los pisos vacíos sean alquilados a precios asequibles para mileuristas, dentro de una reforma mucho más amplia de la Ley del Suelo.
– que se quintuplique, de forma inmediata, la cantidad anual de dinero público que se destina actualmente a ciencia, investigación y desarrollo.
– que se haga una reforma integral del poder judicial (empezando por el acceso a la carrera), desligándolo e independizándolo del ejecutivo y el legislativo.
– promover una verdadera Ley de Transparencia para acabar con la opacidad en la financiación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; retirar las subvenciones públicas a estas últimas, excepto a las que representen a la pequeña empresa, así como a cualquier confesión religiosa; reducir en un 50% la asignación anual a la Casa Real; hacer que todo cargo público condenado por corrupción, o absuelto por prescripción del delito, sea inhabilitado de por vida; disponer que la remuneración de los cargos públicos sea incompatible con cualquier otra, pública (una persona, un solo sueldo a cargo del Estado; acabar con el escándalo de las dietas) o privada, a excepción de los derechos por obras artísticas, técnicas, divulgativas o científicas; que se dé absoluta prioridad y libertad de actuación, así como todos los medios económicos y humanos posibles, a las Inspecciones de Hacienda y Trabajo para que se persiga efectivamente el fraude fiscal y laboral; lo mismo para la Fiscalía Anticorrupción; que la participación de los representantes de quienes trabajen en estos organismos sea obligatoria de cara a realizar aquellos cambios legales pertinentes para el mejor ejercicio de sus funciones.
– Prohibir la realización de infraestructuras mientras estudios independientes no acrediten su utilidad pública y su viabilidad económica. Legislar para que quienes autoricen obras innecesarias y/o ruinosas respondan de su irresponsabilidad de dos maneras: ante los tribunales, y con su patrimonio.
– Suprimir las Comunidades Autónomas no históricas, y federalizar las históricas. Como alternativa, suprimir las diputaciones provinciales.
– Suprimir el Senado.
– Prohibir que las administraciones contraten asesores y cargos de confianza a costa del erario público, para desempeñar labores propias de los funcionarios de carrera.
– Prohibir que las administraciones puedan adjudicar contratos a dedo, independientemente de la cuantía de éstos.
– Instauración y aplicación efectiva del delito de perjurio.
– Garantizar la igualdad de remuneración por igual trabajo entre hombres y mujeres.
– Aprobar una Ley de Huelga justa y democrática, que facilite el derecho a no trabajar de quienes son obligados a hacerlo, y del trabajo a quienes no secunden la huelga.
– Afiliación y cotización sindical obligatorias para todos los trabajadores por cuenta ajena.
– Reforma de la ley electoral: listas abiertas y màxima adaptación al principio de “una persona, un voto”.
– Pedir que a nivel europeo se aprueben tributos sobre las transacciones financieras, y se cree un impuesto especial para las grandes fortunas, por el que quienes dispongan de un patrimonio superior al millón de euros paguen un 40% de dicho patrimonio en el primer año de aplicación.
-Promover la elección democrática de los máximos gestores de la Unión Europea.
Obviamente, se ha de garantizar, mediante las reformas que sean necesarias, una sanidad y una educación públicas, universales y de calidad, y todos los medios económicos de que se dispongan han de ir prioritariamente a los centros públicos, quedando el posible remanente para los centros privados y concertados. También se ha de garantizar el libre acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Urge un cambio de regulación de los derechos de autor, así como de las entidades que los gestionan.
Estas y otras muchas medidas se me antojan necesarias para reconstruir un país a la deriva y sin futuro. Sin embargo, no se me escapa que la solución de muchos de los problemas planteados no requiere tanto cambios legales, de por sí muy lentos y costosos, cuanto una aplicación rigurosa y efectiva de las normas jurídicas ya existentes. Por ello, se trata de aglutinar a todas aquellas personas que estén de acuerdo con lo que aquí se propone, o al menos con la mayoría de los puntos enunciados, recabar la colaboración de miembros de organizaciones políticas, sindicales, profesionales o vecinales que estén dispuestos a proponer, actuar y centrarse en aquello que nos une, es decir, en la lucha contra el cúmulo de injusticias que la mayoría de los ciudadanos de este país estamos padeciendo. Una mayoría cuya dejadez y escasa conciencia de la fuerza que realmente posee (siempre que actúe agrupada, y no atomizada) han contribuido sobremanera a que la situación haya llegado a los actuales extremos. Se trata de que esa mayoría despierte y actúe como un verdadero grupo de presión (el más numeroso, y por tanto el más poderoso que puede existir), como una entidad contra la que nadie se atreva a legislar. Si se consigue esto, a medio plazo sería factible acometer los cambios legales necesarios para convertir a España en lo que nunca ha sido: un país moderno, democrático, avanzado y europeo. Es esta una tarea titànica, pero imprescindible; el problema es que el proceso que se requiere para una transformación real del país es necesariamente lento, y la situación actual es tan grave, y degenera tan rápidamente, que es difícil no caer en la precipitación. Mi respuesta es que se ha de ser rápido movilizando a la gente; a partir de ahí, el debate y la articulación de medidas para llevar a la práctica lo acordado debe hacerse con todo el tiempo y el cuidado posible, para que los avances, que siempre han de parecernos insuficientes, sean al menos irreversibles.
Es necesario que, a partir de una coordinación de esfuerzos y actuaciones realizada a nivel estatal, los miembros del Frente Cívico de cada provincia se organicen en torno a asambleas presenciales, en las que las decisiones se tomen por mayoría cualificada (al menos dos tercios de los asistentes), así como a través de un debate continuo a través de internet. Primero, para posibilitar la participación activa de todos los miembros del Frente, y obviamente también para hacerlo visible al resto de la ciudadanía. La misión es amplia: aprobar y difundir el Programa, y elaborar iniciativas (o adherirse a las adoptadas por cualquier otro colectivo) que contribuyan a llevar a la práctica cada uno de sus puntos.
La lectura del decálogo programático escrito por Anguita me lleva a la conclusión de que, en efecto, una amplia mayoría de ciudadanos españoles lo suscribiría sin vacilar. Otros puntos de mi propia cosecha (algunos muy susceptibles de controversia, soy consciente) he añadido, pero en todo caso, ¿quién, que no actúe movido por intereses espurios, puede oponerse a la adopción de medidas que garanticen salarios y pensiones dignos, protección a los desfavorecidos alejada de la hipócrita caridad de ida y vuelta, lucha efectiva contra un fraude fiscal que sustrae cada año al erario público el equivalente al 25% del PIB, la aplicación efectiva de las leyes, empezando por la Ley Suprema, que es la Constitución, o una sociedad laica, libre y plural en la que los poderes económicos estén subordinados a aquéllos escogidos democráticamente por los ciudadanos? Una inmensa aunque poderosa minoría, a la que los más tenemos que combatir y derrotar. Las formas de gobierno que van en contra de los gobernados, así como quienes las llevan a la práctica, no suelen durar mucho tiempo en el poder. Es hora de hacer valer nuestros derechos, antes de que sea demasiado tarde.