Las denuncias por pederastia en colegios barceloneses de los Maristas empiezan a apuntar proporciones muy alarmantes. Ya son una treintena y afectan al menos a siete profesores de siete colegios distintos. Sean todas ciertas o no, exageradas o suaves, y relativas a delitos prescritos o vivos, la respuesta oficial es homeopática.

El superior de los Maristas acaba de reprochar el silencio del primer centro afectado en 2011, en torno al primer caso conocido. El Departamento de Enseñanza no se enteró. Fiscalía y Mossos suspendieron las pesquisas cuando la familia retiró las acusaciones para evitar la presión al muchacho abusado. El pleno del Parlament lanzó el 3 de marzo una enfática y unánime resolución condenatoria y admonitoria —sugirió “consecuencias”, sin siquiera concretar “sanciones”—, instó a los centros a cumplir los protocolos y parloteó sobre la formación de los docentes.

Por suerte el asunto ha llegado por correo al Papa. Un padre le pide que investigue, que la orden se disculpe, que los que ocultaron sean destituidos y que todas las víctimas obtengan reparación. Escribo “por suerte” aposta, no hace falta ser muy creyente para creer en la eficacia de Bergoglio más que en la de Forcadell.

El Parlament, que tan amigo es de decidir artificios, podía haber decidido instar al Congreso a alargar los periodos de prescripción de los delitos de abusos sexuales (entre 5 y 15 años), como preconizó la diputada Gemma Lienas, pues ahí está la madre del cordero: como los abusos se envuelven en mantos de silencio, comprensiones cómplices y exceso de garantías para el abusador, cuando el delito sale a la luz, hace años que ya no se puede castigar.

Más allá de endurecer en este aspecto la legislación penal, urge dureza administrativa. Hasta que no se retire el concierto económico al menos a los colegios donde la delincuencia fue —o es— sistémica; hasta que no se cierre alguno de esos centros de terror infantil —¿acaso no se clausuran estadios?—, los ciudadanos estaremos subvencionando pederastas. ¿Les complace? La sanción penal debe recaer sobre el criminal; el coste económico-administrativo, en la institución que lo alberga o ampara. Algunos miserables solo reaccionan cuando sus actuaciones, o silencios, les acarrean perjuicios contantes y sonantes. A por ellos».