Decididamente, los que gobiernan este país no tienen arreglo. Después de un día de huelga general, saldado con un seguimiento desigual, manifestaciones multitudinarias (aunque, en el caso de la de Barcelona, pelín mal organizadas) y agresiones a menores por parte de los esbirros del fascista Felip Puig, hoy el Gobierno ha anunciado una moratoria de dos años para los desahucios que afecten a familias y colectivos especialmente desfavorecidos. Varias cosas me llaman la atención: la primera, que se trate sólo de una moratoria, lo que significa que la pandilla de Moncloa sólo sabe aplazar los problemas, y esperar en vano que el temporal amaine solito, sin darles solución; la segunda, es que esta medida, a todas luces insuficiente pero medida al fin y al cabo, sea consecuencia de un sinfín de movilizaciones populares de esas que, según muchísima gente, no sirven para nada; en tercer lugar, es destacable que la norma no tenga carácter retroactivo, cuando desde 2009 se han realizado cerca de un cuarto de millón de desahucios en toda España, sin que ni PP, ni PSOE, ni el Mesías catalán y sus locos seguidores hayan movido un dedo para hacer frente al problema; por último, resulta sintomático (y una muestra de que esta medida no es más que una operación de maquillaje político) que la pandilla de Moncloa ni se plantee modificar la Ley Hipotecaria, tan antigua como útil para amparar atropellos. No creo que la dación en pago sea una solución viable y global al problema, ni se me escapa que parte de él se debe a la irresponsabilidad de muchas personas que quisieron llegar allá donde no podían, pero la modificación legislativa es un deber inexcusable si de verdad se quiere enfocar seriamente el problema. Lo que tengo claro es que a quienes hay que desahuciar es a los inquilinos (porque eso es lo que son, aunque parece que se les olvida con mucha frecuencia) de la Moncloa y de Sant Jaume.
La presión social, la policía harta de tener que defender injusticias y hasta los jueces han empezado a dar la cara en este asunto tan diario como cansino de los deshaucios. Y es que parece que sí que los bancos podían hacer algo más de lo que decían… no se trata de pedir una amnistía para los deudores, se trata de estudiar estos casos como personas que son y dar la oportunidad de defenderse en un juzgado a imagen y semejanza de una sociedad civilizada.
Aunque sólo sea por esta vez que varios colectivos se han puesto de acuerdo para cambiar algo hay que decir que aunque sirva de poco, la unión sí hace la fuerza.
Como de momento la estupidez no es delito, aunque debería, lo que no es permisible es que se eche a la calle a miles de personas sin darles ninguna alternativa. La codicia de los que se pasaron de listos y la inconsciencia de los pobres tontos que se creyeron que no eran ni una cosa ni la otra nos han llevado al pozo en que ahora estamos. Y ahora, a ver cómo salimos. No será con moratorias de dos años, desde luego. Lo que demuestra este caso es que si la gente quiere y se une, puede. Derribar gobiernos, hundir balances de empresas, joder a los malos. Como casi nunca se hace, o se valoran de la manera más errónea posible cuáles son los objetivos y prioridades de nuestra sociedad, mala solución tiene esto, en general.